Recuperar los aprendizajes.

A propósito del derecho a la ciudad, la vivienda y la dignidad
Entre septiembre y diciembre de 1880 tuvo lugar uno de los hitos que marcarían una discusión que, hasta el día de hoy, permanece sin saldar. Nicolás Avellaneda, presidente saliente, y Julio Argentino Roca, su sucesor, fueron protagonistas de un proceso que culminó con la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y su consolidación como capital de la República. Durante décadas, la administración de la Ciudad quedó bajo la órbita nacional, con un intendente designado por el Poder Ejecutivo. El fondo de aquella discusión parece ser el mismo que reaparece en 2026: el control de los recursos y la centralidad de la administración pública, con todo lo que ello implica.
Sin embargo, existe una diferencia sustancial: Buenos Aires fue concebida como capital de un país federal. En ese sentido, el camino hacia su autonomía buscó preservar aquella condición, al tiempo que dotó a la Ciudad de facultades propias de gobierno. Una tensión que, a priori, puede parecer paradójica, sobre todo cuando hablamos del derecho a habitar la ciudad. Es aquí donde cabe una pregunta que nos invita a revisar nuestra historia:
¿Qué distancia existe entre el derecho reconocido en la Constitución y la Ciudad que efectivamente habitamos?
El artículo 31 de la Constitución de la Ciudad establece la responsabilidad del Estado de resolver progresivamente el déficit habitacional, promover el acceso a la vivienda y garantizar la infraestructura y los servicios, priorizando a los sectores de menores recursos y a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este reconocimiento supone obligaciones de distinta naturaleza: por un lado, el Estado debe abstenerse de adoptar medidas que lesionen derechos; por otro, debe promover acciones concretas para hacerlos efectivos. No alcanza, entonces, con reconocerlos en una norma: es necesario generar las condiciones para que puedan ejercerse en la práctica.
La vivienda como expresión de la dignidad humana
Detrás del análisis normativo hay una dimensión que lo trasciende: la constitución de un hogar como factor indispensable para el desarrollo humano. No se trata solamente de discutir sobre el suelo o sobre un techo, sino de reconocer los proyectos de vida que se construyen alrededor de una casa, de un hogar, así como también los vínculos comunitarios que allí se desarrollan y las posibilidades que ofrecen para ejercer otros derechos.
Se trata de comprender la vivienda como una condición fundamental para el crecimiento de las familias y de la vida en comunidad. Nuestro Papa Francisco planteaba que “poseer una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias, y es una cuestión central de la ecología humana”.
En ese marco, hablar de la misma como derecho humano implica reconocer que su importancia excede ampliamente la dimensión material y económica. No es casual que esta perspectiva haya ganado lugar en los ámbitos académicos y de gestión. Aunque, claro, no todas las gestiones parecen haber incorporado sus consecuencias. La vivienda tiene un valor económico, pero su valor social lo excede de sobremanera.
Cuando las posibilidades de acceder a ella dependen exclusivamente de los ingresos, del patrimonio o de las condiciones del mercado, el acceso a un techo queda subordinado a la capacidad económica de cada persona. La dignidad introduce otra perspectiva: la vivienda no puede evaluarse únicamente con criterios de rentabilidad, porque detrás de cada situación habitacional hay personas, familias y sueños.
Esto no significa desconocer el funcionamiento del mercado, sino reconocer que, por sí solo, no garantiza las posibilidades efectivas de acceder a un inmueble adecuado. Allí se vuelve indispensable la responsabilidad del Estado: generar herramientas y condiciones que amplíen ese acceso, para que tener una casa no sea un privilegio reservado a quienes cuentan con los recursos económicos necesarios, sino una posibilidad concreta para quienes hoy encuentran mayores obstáculos para ejercer ese derecho. Es por ello que no se quiere simplemente diagnosticar sino invitar a pensar y discutir qué dimensión adquiere la vivienda como eje del desarrollo humano. En la Ciudad de Buenos Aires, la desigualdad no solo se expresa en términos económicos, sino también en la distribución territorial de las inversiones, la infraestructura y los servicios.
Mientras en distintas zonas, especialmente en el norte, se concretan inversiones, en el sur persisten déficits habitacionales que llevan décadas sin resolverse. Los barrios del sur expresan con claridad esa contradicción: forman parte de la Ciudad, pero sus habitantes todavía encuentran obstáculos para ejercer plenamente el derecho a habitarla. Esta discusión adquiere una dimensión particular cuando hablamos de las villas y los barrios populares. La distancia entre el reconocimiento constitucional y las condiciones efectivas de vida de sus habitantes continúa siendo una deuda pendiente. En este punto, conviene dejar algo en claro: el orden es una legítima aspiración de quienes viven en estos barrios, pero no puede reducirse a intervenciones represivas montadas sobre un espectáculo político.
El ordenamiento urbano también exige garantizar accesibilidad, integrar territorios y mejorar las condiciones de vida.
Las leyes de urbanización han sido herramientas fundamentales para orientar esos procesos. Sin embargo, su existencia no alcanza si no se traducen en políticas sostenidas en el tiempo. La urbanización requiere continuidad, planificación, ampliación de infraestructura, acceso a servicios definitivos y seguridad en la tenencia.
En el marco de la discusión sobre el desarrollo del sur, resulta indispensable preguntarse qué entendemos por desarrollo y a quiénes beneficia. No puede medirse únicamente por las inversiones que atrae o por la valorización del suelo, sino también por su capacidad para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan esos territorios. Estas obligaciones deben expresarse, además, en decisiones presupuestarias. Para 2027, el presupuesto previsto para el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo responsable de diseñar, planificar y ejecutar la política habitacional porteña, contempla una reducción del 17% en términos reales, es decir, descontando la inflación acumulada.
Esto se suma a una caída cercana al 50% desde la asunción de Jorge Macri, también en términos reales. La evolución de estos recursos permite dimensionar las prioridades de la gestión frente al déficit habitacional. A su vez, los procesos de urbanización y los programas vinculados al acceso al alquiler mantienen partidas que, en términos reales, no representan una ampliación significativa respecto de los recursos ya insuficientes de 2026 y continúan concentrándose, en buena medida, en respuestas de emergencia antes que en soluciones estructurales.
Las herramientas existen: la discusión es qué política queremos
Frente a este escenario, hay una salvedad importante: no se parte de cero a la hora de pensar políticas públicas de vivienda. La Ciudad cuenta con experiencias como la Ley 341, que promueve el acceso mediante programas de autogestión y créditos destinados a cooperativas, mutuales y organizaciones sociales. En el ámbito nacional, el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR) constituyó una herramienta para facilitar el acceso a la vivienda mediante el crédito y la construcción.
Por su parte, la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) impulsó políticas orientadas a la integración de los barrios populares y al mejoramiento de sus condiciones habitacionales. En la Provincia de Buenos Aires, la Ley de Acceso Justo al Hábitat estableció herramientas y principios para ampliar el acceso al suelo y a la vivienda, y promover la integración sociourbana. Aunque varios de estos instrumentos fueron desmantelados, discontinuados o modificados, sus experiencias permiten recuperar aprendizajes y discutir alternativas frente a la crisis habitacional. No se trata de trasladar mecánicamente modelos de una jurisdicción a otra, sino de reconocer que existen herramientas para abordar distintas dimensiones del problema: la autogestión, el crédito, la producción, el acceso al suelo y la integración de los barrios populares.
El desafío consiste en articularlas dentro de una política integral, sostenida y capaz de responder a las necesidades concretas de la población.
A treinta años de la sanción de la Constitución porteña, el desafío sigue siendo transformar el derecho reconocido en una realidad efectiva. Francisco nos recordó el vínculo profundo entre la vivienda, la dignidad humana y el desarrollo de las familias. Esa perspectiva nos obliga a mirar más allá de las cifras y a reconocer que, detrás de cada necesidad habitacional, hay personas que buscan construir un proyecto de vida, fortalecer sus vínculos y formar parte de una comunidad.
Garantizar el acceso justo a una vivienda digna y adecuada exige decisión política, recursos suficientes y un Estado con capacidad para planificar y ejecutar políticas que den respuestas concretas. Porque una ciudad que reconoce la dignidad de sus habitantes debe traducir ese reconocimiento en condiciones reales para que todos puedan vivir en ella. En definitiva, se trata de construir una Ciudad en la que el derecho a la vivienda no dependa de la capacidad económica de cada persona, sino que sea parte de un proyecto colectivo con justicia social y una comunidad organizada para lograr así la felicidad del pueblo.

